Defensa de David Castillo denuncia trama malévola en juicio de Berta Cáceres

Tegucigalpa. – La reciente audiencia preliminar realizada en la causa abierta por la muerte de la dirigente popular, Berta Cáceres ha puesto al descubierto una malévola trama que va desde el cambio repentino de la juez que conocía el caso, hasta la sustracción de una prueba fundamental del expediente, todo para afectar al imputado, Roberto David Castillo.

El cambio repentino de la juez que conocía el caso y la sustracción de una prueba fundamental del expediente, hacen parte del complot, denuncian los abogados del imputado

La denuncia la ha hecho la defensa del procesado, después de la audiencia preliminar, celebrada en el Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional, el pasado viernes 21 de agosto del 2020.

El equipo de defensa explicó que, la primera maniobra realizada para impedir que se conozca la verdad de este caso, ocurrió dos días antes de que se celebrara la audiencia preliminar, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció el traslado de juzgado de la juez que ha conocido siempre el expediente, Lisseth Vallecillo.

Tras ese hecho, la CSJ nombró como sustituto de la juez Vallecillo, para la continuación de la audiencia, al abogado Carlos Irías de León, quien tiene su despacho en la ciudad de San Pedro Sula.

El juez, celebró la audiencia el 22 de agosto pasado, según explicaciones de los defensores.

FISCAL LANZA SOSPECHOSA ADVERTENCIA

Durante la audiencia, que se realizó vía Zoom, con el juez en San Pedro Sula y sin que el expediente judicial haya sido trasladado de Tegucigalpa, la fiscal Ingrid Figueroa manifestó que en el expediente no se encontraba un dictamen pericial aportado por la defensa, aduciendo que solo había una copia y que ésta no estaba firmada por el autor del documento, detallaron los defensores.

Ingrid Figueroa fiscal a cargo del caso contra David Castillo
Ingrid Figueroa fiscal a cargo del caso contra David Castillo

El dictamen en mención es una pieza crucial en el juicio, fue realizada por un experto forense mexicano de nombre Rubén Eduardo Chapa Cabrera, perito oficial en Informática y Telecomunicaciones, quien hizo un análisis del contenido de los teléfonos de la señora Berta Cáceres y de Roberto David Castillo.

La defensa explica que ese peritaje es el que demuestra que el Ministerio Público, a través de su perito Brenda Barahona, armó una conversación de varios chats de WhatsApp y elaboró un informe de vinculación telefónica que contenía una conversación armada para darle un sentido incriminatorio al intercambio de mensajes entre Castillo y otros.

Los representantes procesales de Castillo añaden que, terminando la audiencia, fueron a sus despachos a buscar la copia del original que había sido entregada al juzgado el 4 de abril de 2019.

DEFENSORES ENCUENTRAN COPIA DE PRUEBA

Los defensores detallan que encontraron la copia y dijeron que ésta tiene la firma del perito mexicano y además tiene sello del juzgado, fecha de recibido y firma del secretario del tribunal, quien lo recibió.

Copia del original sustraído del expediente recibido, firmado y sellado

Explican los defensores que el juez Carlos Irías de León, emitió el pasado 26 de agosto de 2020, una resolución sobre la audiencia. En ella dice que observó en el expediente que el dictamen pericial no calzaba la firma del perito mexicano que la realizó, coincidiendo extrañamente en esto con la fiscal, Ingrid Figueroa.

A la defensa le queda claro que el dictamen del perito Rubén Eduardo Chapa, fue sustraído y reemplazado por uno distinto (una copia sin firma), como parte de una maniobra perversa para afectar a su representado, el ingeniero Roberto David Castillo.

Un fallo de la Corte de Apelaciones Penal ordenaba al juez que evacuó la audiencia preliminar, que examinara ese dictamen pericial para no violentar los derechos del ingeniero Castillo, pero la sustracción del dictamen servía de excusa para que el togado no lo hiciera, facilitando el camino para ordenar un auto de apertura a juicio oral, tal como ocurrió.

¿POR QUÉ LA FISCAL DILATÓ EL PROCESO?

A los defensores les llama la atención, primero, que la fiscal Ingrid Figueroa, en la audiencia del 21 de agosto del 2020, haya dicho que el dictamen era inválido por estar “sin firma”, una argumentación, dicen los abogados, sin sentido, pues ella misma apeló en su momento la incorporación del peritaje al expediente judicial.

Incluso resaltan que cuando la Honorable Corte de Apelaciones mandó evacuar el dictamen, la misma fiscal presentó recurso de reposición ante ese tribunal de segunda instancia, ante lo cual se preguntan por qué la fiscal Figueroa presentó varios recursos por un documento que ella dice ahora que es inválido.

Aquí el juez diciendo en el fallo del 21 de Agosto que el peritaje no tenía firma
Juez establece que el documento del peritaje no tenía firma

También se preguntan si al presentar esos recursos, la representante del Ministerio Público lo hizo solo por dilatar el proceso varios meses, y ahora, cuando no había más que hacer y el examen era inminente por mandato de la Corte de Apelaciones, aparece otro distinto al original y sin firma.

Ante todos estos hechos, los abogados han pedido al órgano jurisdiccional que conoce esta causa, que informe a la Fiscalía General de esta vergonzosa sustracción del documento para que sancione al responsable.

ABOGADOS SOLICITAN SE INCORPORE EL DICTAMEN

En un recurso de reposición entregado el viernes pasado al tribunal, los defensores Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez solicitan que se reponga la resolución en el sentido de tener por incorporado y valorar el dictamen emitido, presentado y firmado por el perito que lo realizó, tal como lo ordenó la Corte de Apelaciones Penal.

Los abogados indican que no van a tolerar conductas antiéticas como esta y como otras maniobras más que están ocurriendo en este juicio. Adelantan que denunciarán con toda la fuerza y en todas las instancias necesarias, este tipo de prácticas ilícitas.

Sobre este juicio han existido distintas presiones. En una reciente declaración, el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon confesó que su embajada hizo un “silencioso trabajo”.

Y otro influyente funcionario del senado Estados Unidos también dijo que amenazaron a Honduras con suspender ayuda si la causa no tomaba cierto rumbo.

A este lobby, que los abogados de Castillo llaman “campaña de acoso a la justicia”, se suman las presiones de más de 500 ONGs de Honduras y el mundo, que presionan por una sentencia a toda costa, explica la defensa, que está integrada por los abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano, Ritza Antúnez y Doris Imelda Madrid.

Equipo de defensa David Castillo
Abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano, Ritza Antúnez y Doris Imelda Madrid.

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