El tráfico de armas en Honduras y Centroamérica

Uno de los problemas más grande que los gobiernos enfrentan en la actualidad, es la ausencia de datos exactos sobre el número de armas que circulan de forma ilegal, La sensación de poder que un arma puede dar a una persona individual o a un grupo del crimen organizado, es una de las razones que podría explicar el crecimiento de este mercado.

 

En Centroamérica, la porosidad de las fronteras representa una de las debilidades más grandes, pues se considera que por ellas pasa cerca del 36 por ciento de armas destinadas a Colombia. Además se calcula que en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el número de armas ilegales supera a las registradas legalmente.

 

Armas
En Centroamérica hay más armas ilegales que legales

 

Otro de los puntos preocupantes es que la Cámara de Representantes presentó el reporte final sobre el fallido operativo en contra del tráfico de armas denominado “Rápido y Furioso”, una operación en la que 14 funcionarios de justicia de EEUU fueron señalados como responsables de haber fallado en sus acciones.

 

Luego se perdió el rastro de cerca de 2,000 armas de fuego del programa y algunas de ellas aparecieron en escenas de crímenes, un reporte publicado por el inspector general del Departamento de Justicia concentra la culpa en la ATF —dependiente del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos—, su agencia en Phoenix, Arizona, la oficina en campo y la oficina del secretario de Justicia en Arizona.

 

Brian A. Terry
Brian A. Terry

La muerte del agente fronterizo Brian A. Terry, asesinado en diciembre de 2010 en Arizona puso la atención pública sobre Rápido y Furioso, y surgieron acusaciones de que autoridades de la dependencia omitieron intencionalmente la intercepción de armas compradas por prestanombres antes de que llegaran a las manos de los criminales, como una técnica para llegar a los “peces grandes” del tráfico de armas.

 

Los críticos de la supuesta estrategia argumentan que permitió que las armas llegaran a manos de los asesinos del agente Terry. “El jefe de la División Criminal, Lanny Breuer, no informó a Holder ni a su subsecretario sobre las fallas en la Operación Receptor Abierto —investigación sobre armas en la que se recurrió a estrategias similares—, de la que tuvo conocimiento en abril de 2010. Breuer reconoció dicha omisión ante el Congreso en noviembre”, según el reporte oficial.

 

El reporte encontró que 14 empleados de la ATF y del Departamento de Justicia como responsable de la gestión en la operación fallida. El inspector general remitió la lista de los 14 para una posible acción disciplinaria, pero no recomendó sanciones penales.

 

El Departamento de Justicia anunció la salida de dos empleados que fueron señalados en el informe. Jason Weinstein, vicefiscal general adjunto de la división criminal, renunció. El informe dijo que él falló en transmitir la información clave acerca de las tácticas erróneas que se utilizaron en Rápido y Furioso.

 

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