SIN RODEOS: No a la justicia callejera

La justicia en Hon­duras pasa por mo­mentos delicados. Se está intentando influenciar o intimidar a los jueces desde la calle, a tra­vés de organizaciones popu­lares con una clara ideología extremista, financiadas des­de el exterior, para llevar a la cárcel a rivales ideológicos y también para boicotear la tan necesaria inversión extranje­ra en Honduras.

 

Los funcionarios del Mi­nisterio Público y del Poder Judicial deben resistir las ac­ciones populistas, anarquistas y arbitrarias de organizacio­nes, que, en base a argumen­tos ideológicos y propagan­dísticos, pretenden “impo­ner su justicia revoluciona­ria”. Los operadores de justi­cia no se deben dejar manipu­lar, ni menos presionar, para procesar a personas que pu­dieran ser inocentes, solo pa­ra satisfacer las agendas polí­ticas de grupos radicales.

 

AMINISTIA EN JUICIO BERTA CACERES

 

 

En los últimos meses he escuchado testimonios y leí­do informes independientes sobre los procesos judicia­les contra Sergio Rodríguez y David Castillo, supuestos implicados en la lamentable y reprochable muerte de Berta Cáceres. Al parecer existe un sesgo ideológico en este caso, que podría llevar a una conde­na de cárcel a dos inocentes, ya que existen enormes fallas e inconsistencias en los car­gos o supuestas evidencias en su contra.

 

 

El COPINH y un tal Movi­miento por la Justicia han to­mado como su bandera el lo­grar sentencias condenato­rias para ambos, pero los ar­gumentos que enarbolan no se basan en pruebas, sino que en valoraciones políticas. Así lo demuestra, entre otros, la investigación independiente realizada por el prestigiado bufete de abogados Amster­dam y Partners.

 

JUSTICIA CALLEJERA

 

 

A todas luces se está uti­lizando este juicio para posi­cionarse en la procura de ob­jetivos políticos de personas y de organizaciones que se lu­cran de este tipo de casos me­diáticos, sin importarles si los dos imputados cometieron el delito o no. Ha sido evidente que cuando el COPINH y sus socios, a través de los acusa­dores privados, interviene en dichos procesos judiciales, es para atacar al sistema, no pa­ra proponer pruebas que ten­gan que ver con el asesinato que se está juzgando.

 

 

A través de este juicio or­ganizaciones de izquierda ra­dical intentan posicionar en el debate público su concep­ción en torno a cómo se debe organizar la sociedad hondu­reña, cómo debe funcionar el sistema político y económico, cómo deben ejercerse los de­rechos de los pueblos origna­rios u otros temas que a todos nos interesan, pero que evi­dentemente se debe hacer fuera del juzgado de lo penal.

 

 

En este o en cualquier otro caso, la justicia debe actuar en base a pruebas objetivas, libre de presiones callejeras, si al­gunas o todas las personas ac­tualmente imputadas en el ca­so Berta Cáceres son inocen­tes, si no hay prueba solida contra ellas, deben ser decla­radas inocentes.

 

 

Por Edgardo Rodríguez
Periodista y politólogo