Informe de la OEA demuestra que elecciones en Venezuela fueron una farsa

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre las “elecciones” de este domingo en Venezuela en el que se evidencia que los “comicios” están por debajo del estándar internacional.

 

El informe abarca la etapa pre-electoral, el día de la votación y la difusión de los resultados, así como una descripción detallada de las irregularidades técnicas y jurídicas de todo el proceso.

 

La etapa de postulación de candidaturas fue la más afectada por el escaso tiempo con el que se convocaron las elecciones. Para la elección de 2018, el lapso para la presentación de postulaciones fue de tres días.

 

 

Además, el CNE planificó un solo día para la sustitución y modificación de postulaciones, como cuatro días para la admisión y rechazo de las postulaciones. En total hubo una reducción de 295 días para esta etapa, en comparación con el evento celebrado hace seis años. Esto afectó, entre otras cosas, la posibilidad de que el candidato opositor resultara seleccionado a través de elecciones primarias realizadas antes de que se hiciera formalmente la convocatoria.

 

 

El diseño de las boletas electorales denotó el interés de beneficiar al candidato de gobierno

 

El candidato Maduro, apareció una vez por cada partido que lo apoyaba. Es decir, 10 veces. Si bien algunos candidatos de la oposición también aparecieron más de una vez, lo ideal es que cada candidato aparezca una sola vez representando las coaliciones que lo postulan.

 

 

El Registro Electoral que se utilizó para el proceso del 20 de mayo estuvo integrado por 20.759.809 electores, de los cuales 108.623 fueron inscritos para votar en las 96 misiones diplomáticas acreditadas por Venezuela en el exterior. La ciudadanía tuvo, en principio, apenas 10 días (entre el 10 y 20 de febrero) para inscribirse o actualizar sus datos. Estas fechas fueron extendidas luego de la firma del acuerdo de garantías electorales hasta el 10 de marzo. Además, el CNE habilitó solo 531 puntos de inscripción a nivel nacional, en comparación con los 1.300 puntos utilizados para la elección del 2012 las etapas de impugnaciones y promoción de pruebas en contra del Registro Electoral preliminar fueron reducidas dentro del cronograma electoral.

 

 

Para estas elecciones presidenciales de 2018, solo fueron dispuestos tres días para recibir impugnaciones y dos para promoción de pruebas. Con ello, el CNE incumplió el lapso establecido en la legislación de 15 días para impugnar el Registro Electoral preliminar una vez publicado.

 

 

En cuanto al sistema automatizado de votación de estas elecciones de 2018, el CNE estableció 16 auditorías y las realizó en solo 34 días según lo establecido en el cronograma electoral. Si se tiene en cuenta que en el 2015 se realizaron 19 auditorías en un lapso de 42 días, lo anterior constituye una reducción de la cantidad de protocolos de calidad aplicados al sistema para garantizar su buen funcionamiento. De la revisión del calendario de auditorías, para esta elección se eliminaron las auditorías del software del Sistema de Información al Elector (SIE) y la auditoría de certificación del software del Sistema de Estadísticas de Participación (SISEP).

 

 

Es significativo además que el 6 de marzo de 2018 Smartmatic denunció la manipulación de los resultados de participación en la votación para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e informó que los productos de la compañía utilizados para las elecciones regionales y municipales de 2017 no fueron certificados, por lo que la empresa “no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede certificar la exactitud de los resultados”.  Para esta elección, el CNE aun cuenta con los equipos y el software de Smartmatic, a pesar de que la licencia venció y de que la empresa ya no opera en el país.

 

 

La presencia de observación electoral internacional, y específicamente, la conformación de una delegación de acompañamiento y observación electoral por parte de las Naciones Unidas, fue uno de los puntos más relevantes del acuerdo de garantías electorales. Sin embargo, el cronograma electoral no contempló ninguna actividad asociada con la observación o acompañamiento internacional, tales como la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación del informe de las misiones internacionales. La legislación venezolana no permite a los acompañantes tener pleno acceso a la verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral y les prohíbe hacer pronunciamientos públicos sin autorización del CNE.

 

 

Con respecto a la participación, fue notoria la poca afluencia de electores en los centros de votación a nivel nacional. En la mayoría de los casos hubo filas más largas de electores en los “puntos rojos” que en los centros de votación. La baja participación de la ciudadanía en la jornada electoral permitió la ejecución de operaciones masivas del PSUV para coaccionar a electores a votar. Sumado a las irregularidades mencionadas los observadores nacionales denunciaron traslado de electores con recursos del estado, usurpación de identidades comprobadas, 51 miembros de mesas que abandonaron sus puestos en el centro de votación para ir a buscar electores, y miembros del Plan República (Fuerzas Armadas) que estuvieron encargados de vigilar y organizar las colas fuera de los “puntos rojos”.

 

 

En cuanto al proceso de escrutinio, se denunció que en algunos estados, miembros de las fuerzas armadas impidieron la participación de ciudadanos y testigos de los partidos políticos en el acto de escrutinio público durante el cierre de la elección. De igual manera, las actas de escrutinio no fueron entregadas a los testigos de los partidos Alianza Progresista y Esperanza por el Cambio.

 

 

La tecnología ha sido utilizada como una herramienta más de manipulación de la voluntad ciudadana, alterando no sólo resultados sino también los niveles de participación.

 

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