El CN inició histórica aprobación de ley para evitar dinero sucio en campañas y partidos políticos

El Congreso Nacional inició ayer miércoles la histórica aprobación en primer debate de la histórica Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, para evitar el ingreso de fondos sucios en política, transparentar las campañas y asegura una democracia sana, algo en lo que casi todos los partidos están de acuerdo.

 

La ley limita los gastos de las campañas, pone techo a los donativos, prohíbe donaciones anónimas, regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes, hasta la disolución de un partido político, entre otras características.

 

La ley es de orden público, de observancia general y obligatoria y su objetivo es establecer las normas relativas al sistema de financiamiento, transparencia y fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos y movimientos internos, sus candidatos y candidatas y candidaturas independientes.

 

La ley es perfectible

 

Mauricio Oliva
Mauricio Oliva

Al introducir el proyecto de ley, del que se aprobaron los primeros 42 artículos, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, agradeció y felicitó públicamente a los miembros de la comisión dictaminadora por el exhaustivo y muy buen trabajo en equipo lo que refleja su compromiso con la nación y de aportar un elemento más de transparencia para la clase política en el país.

 

Felicitó especialmente al presidente de la comisión de asuntos electorales, José Alfredo Saavedra, quien ha aportado toda su experiencia y todo su bagaje adquirido durante cuatro legislaturas en el Congreso Nacional al tiempo que extendió su agradecimiento a todos los jefes de bancada y a los miembros de las mismas que han estado en permanente comunicación con los que representan en la comisión y que han hecho aportes sustanciales en la ley.

 

Expresó que no todo es perfecto, pero si todo es perfectible, y en el tercer debate que se tenga de la ley se podrá obtener un producto que enorgullezca y prestigie a la clase política del país. “A los que están en desacuerdo, es parte del quehacer política y tenemos que respetarlo”, acotó.

 

Agradeció asimismo a los miembros de la Misión de Apoyo al Combate de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la Organización de Estados Americanos, principalmente al vocero Juan Jiménez Mayor, el coordinador de la división político electoral, Jacobo Domínguez y especialmente al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

 

Voto particular

 

Doris Gutiérrez
Doris Gutiérrez

Durante la lectura del dictamen, la diputada del Partido Innovación Nacional y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, miembro de la comisión, emitió un voto particular ya que no firmó el dictamen y esgrimió sus argumentos para emitir ese voto particular.

 

Igualmente, el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), David Reyes, emitió un voto particular donde arguyó que para el respaldo a la ley se condiciona la aprobación de otras reformas electorales.

 

Por su lado, el presidente de la comisión ordinaria de asuntos electorales, ilustró que el dictamen de la ley contiene 10 aspectos fundamentales de los distintos proyectos presentados en función del financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos.

 

Aspectos innovadores

 

El dictamen busca enfrentar la corrupción que se origina en el financiamiento ilegal de campañas electorales de partidos políticos y candidatos en todos los niveles electivos y hoy en día la corrupción en América Latina requiere de una firme decisión para evitar que el narcotráfico, el crimen organizado y el uso ilícito de los recursos del Estado solvente las campañas políticas.

 

Apuntó que una innovación de la propuesta de ley, es que se imponen límites a los partidos políticos para gastar en las campañas electorales y en Honduras nunca se habían impuesto techos a los montos que partidos políticos y candidatos pueden gastar en una campaña política.

 

Otro aspecto es que en el país no existen registros contables de contribuciones privadas para campañas electorales y se necesita que exista transparencia para garantizar que las aportaciones que reciben los partidos, no proceda de dinero ilegítimo de las finanzas públicas, ni de la delincuencia organizada ni de la actividad delictiva.

 

En este sentido, ahora los partidos políticos solo podrán recibir donativos de personas y compañías que estén debidamente establecidas y con límites. También será la primera vez que se regulan las contribuciones en especie, las mismas que deben ser debidamente contabilizadas.

 

Una de las grandes novedades de la ley, es que se crea la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización que tendrá importantes funciones para auditar, investigar y sancionar a partidos y candidatos que infrinja las normas de financiamiento e incumplan su deber de información.

 

Sus titulares serán electos mediante un procedimiento claro y transparente, con veeduría de la sociedad civil y de la comunidad internacional en base a criterios técnicos en la que los políticos no pueden controlar las finanzas de otros partidos políticos.

 

Otro aspecto importante es que las colectas o sorteos podrán estar vigilados por la autoridad para garantizar su transparencia y que efectivamente la recaudación sea real y no simulada. No habrá impunidad en el manejo del mecanismo del manejo de las colectas para filtrar dinero ilegal.

 

En el dictamen se prohíben donaciones anónimas o de procedencia incierta, la autoridad contará con una serie de herramientas fiscalizadoras que incluyen, facultades de investigación, auditorías, inteligencia financiera y levantamiento del secreto bancario y fiscal para determinar e identificar a los que reciben aportes ilegales y a los autores de esos delitos graves.

 

Los partidos políticos tienen la obligación de ser transparentes y de ser transparentes y de informar sobre ingresos y gastos y de ser auditados como cualquier empresa o persona que debe informar ante la autoridad que lo requiera.

 

Además, la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización podrá realizar todas las acciones necesarias como parte de sus investigaciones pudiendo denunciar los financiamientos ilegales ante el Ministerio Público para las respectivas sanciones penales.

 

Saavedra enumeró que otro aspecto importante, es que serán expulsados de la campaña o de la competencia electoral, los candidatos cuya campaña sea financiada por dinero ilegal que sea debidamente comprobado ante autoridad competente a través de una nueva figura que se llama “ilegibilidad sobrevenida”.

 

Por primera vez en materia electoral se fija un catálogo de sanciones para los partidos y candidatos que infrinjan la norma que van desde multas acumulativas hasta la cancelación de la inscripción del partido político respectivo.

 

Se establece además la prohibición de contribuciones provenientes de empresas que tienen contratos con el Estado, lo que en la actualidad no existe, así como se impide que los recursos o bienes del Estado sean utilizados para fines electorales, es decir, se afianza la neutralidad de los funcionarios públicos estipulándose que no podrán realizar actos de inauguración de obras como acciones de proselitismo político.

 

En los medios de comunicación se plantea la equidad de pauta publicitaria siendo muy relevante que se suspende la publicidad estatal durante el tiempo que dure la campaña electoral.

 

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